por Ana Ivis Galán García
12 de Marzo de 2012
15:50
Luego de un
amañado proceso judicial, de apelaciones y resentencias, la batalla legal por
la libertad de Gerardo Hernández, Fernando González, Ramón Labañino, Antonio
Guerrero y René González se concentra ahora en la solicitud de Habeas Corpus o
Apelaciones Colaterales.
Juzgados
arbitrariamente y sentenciados a excesivas condenas, por luchar contra el
terrorismo, impedir las acciones de la mafia de Miami contra Cuba, y salvar la
vida de sus compatriotas, estos cinco hombres aguardan por la decisión de la jueza
Joan Lenard.
La Apelación de
Gerardo constituye el caso más complicado. En ella se desmonta la acusación de
conspirar para perpetrar asesinato, y además se prueba su inocencia ante la
acusación por el derribo de dos avionetas que violaron el espacio aéreo cubano
el 24 de febrero de 1996.
En diálogo con
la AIN, Miguel Álvarez, estudioso del proceso judicial seguido a Los Cinco,
revela otros detalles contenidos en el pedido de Habeas Corpus de Gerardo
Hernández.
A su apelación
se suma que el gobierno se negó a entregar las imágenes del satélite que
prueban donde cayeron las avionetas derribadas, hecho en el que la propia
Fiscalía reconoció no tener manera de probar la culpabilidad de Gerardo.
Vale recordar
las declaraciones al respecto de Ricardo Alarcón, presidente de la Asamblea
Nacional del Poder Popular.
El suceso del
24 de febrero ocurrió en aguas cubanas, por tanto, la jueza Lenard nada tenía
que ver en él, carecía de jurisdicción.
Para que EE.UU.
o un tribunal norteño pudiera tratar ese hecho, el mismo debió tener lugar en
aguas internacionales o en el territorio estadounidense.
El último
informe de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), cuando hizo
una investigación sobre ese incidente, encontró un problema: los radares
cubanos decían una cosa y los norteamericanos otra, incluso algunos no
funcionaron, relata Alarcón.
Añadió que ante
la disputa sobre dónde ocurrió el percance, la OACI pidió al gobierno de EE.UU.
que le entregara las imágenes de los satélites que tienen, por cierto, filmando
todo lo que pasa en el planeta, especialmente en esta parte del mundo.
Hasta el
coronel estadounidense George E. Buchner, quien fue presentado como experto por
la propia Fiscalía, dio una respuesta sencilla, y además lógica, al problema:
revisen las imágenes satelitales. Pero por una extraña razón se negaron a
entregarlas.
Durante la
presentación del libro “Los últimos soldados de la Guerra Fría” – que narra las
acciones antiterroristas de Los Cinco-, su autor, el brasileño Fernando Morais,
explicó que en sus investigaciones se percató de otros detalles que los
abogados de estos cinco cubanos no indagaron con profundidad.
Bjorn Johansen,
norteamericano de origen noruego y piloto del buque de pasajeros Majesty of the
Seas, quien fuera testigo de la acusación contra Gerardo, reconoció que él
ubicó el sitio exacto donde cayeron las dos avionetas, a partir de una
observación visual del lugar donde se encontraba la embarcación, y no por el
registro electrónico.
Esta
declaración de Johansen, quien admitió, además, haber conversado durante
horas con agentes del FBI, fue utilizada para imponer dos cadenas perpetuas,
más 15 años, a Hernández Nordelo.
Para Morais en
este caso se dejó de hacer una pregunta clave ¿Quiénes eran los dueños del
Majesty of the Seas?
En su libro, el
escritor precisa que una simple investigación en archivos y periódicos habría
entregado una información relevante.
Johansen era
funcionario de la compañía naviera Royal Caribbean Cruises, grupo propietario
de la embarcación, incluida por el entonces presidente de la Fundación
Nacional Cubano-Americana (FNCA), Francisco “Pepe” Hernández, entre las 40
empresas que aportaron 25 mil dólares para fundar esa organización.
Además, en
febrero de 1996 Johansen tuvo como segundo hombre al mando, al estadounidense
Peter G. Whelpton, quien se presentaba como miembro de la FNCA y director de la
Fundación Blue Ribbon para la reconstrucción de Cuba, ambas opuestas al
gobierno cubano.
Incluso, a la
negativa de las autoridades norteamericanas a entregar los datos de sus radares
sobre el lugar exacto donde cayeron los aviones, se suma el hecho de que el
abogado de Gerardo presentó una moción solicitando, igualmente, el expediente
del satélite, y la Fiscalía nuevamente se negó, y la jueza apoyó semejante
decisión.
Desde hace 15
años, la defensa sostiene esa reclamación y la respuesta del gobierno sigue
siendo la misma: NO va a entregarlas.
Resulta
sospechoso que las imágenes satelitales, que debieran erigirse en prueba
contundente para respaldar la acusación del gobierno de EE.UU., sean
insistentemente denegadas por éste. Entonces, ¿qué hay detrás?
Fuente: AIN
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